Mucho se ha hablado de la minería metálica a cielo abierto en Panamá, especialmente en las últimas semanas. En mi caso, por motivo de trabajo, llevo un par de décadas analizando diversas aristas del tema.
Además de contar con una ubicación céntrica en el mundo, nuestra configuración hidrográfica, marina, flora, fauna, condiciones climáticas, composición social, historia, tipo de gobierno, nivel de capacitación técnica a lo largo y ancho de múltiples sectores, y la tendencia al juega vivo (en mayor o menor medida que en otros países) son todas características cuya suma hace de Panamá un entorno particular.
De los mencionados anteriormente, unos aspectos pueden evolucionar o mejorar, otros son invariables. Algunos pueden ser afectados de modo que su condición futura sea mucho menos valiosa que la actual.
Creo que podemos asegurar con amplio consenso que la minería metálica a cielo abierto es una de las actividades que más huella negativa deja en el medio ambiente. El tamaño de esa huella puede variar en función de las condiciones del área donde se desarrolle. En nuestro caso es un bosque tropical que recibe un promedio de dos mil quinientos milímetros de lluvia al año. Es decir, cada punto en la superficie afectada recibirá en el curso de un año un volumen de agua del alto de una casa. Esto es importante.
Es importante también entender que para acceder al mineral se tala el bosque. Árboles centenarios que sirven de albergue y paso a cientos de especies son removidos.
Se quita la capa superior de tierra que es la capa vegetal, donde los árboles crecen y la fauna se alimenta. Esto significa que en el área de extracción no se puede volver a sembrar nada, a menos que se reponga dicha capa, proceso que es costosísimo y por ende no se hace. Una vez preparada el área, se empieza a remover el suelo que contiene cobre y otros metales. Usualmente se usa explosivos para romper la roca en tamaños manejables, y luego mediante equipo pesado se carga hacia el área de procesamiento.
¿Recuerdan los dos mil milímetros de lluvia al año? Estos siguen cayendo sobre el área de extracción. Cada lluvia arrastra sedimentos con diversos elementos metálicos, previamente blindados por las capas superiores de tierra y vegetación. Estos sedimentos metálicos se abren paso a riachuelos, quebradas, ríos y finalmente al mar.
Por supuesto que existen medidas de mitigación para algunas de estas afectaciones. Estas acciones deben ser planeadas y ejecutadas exhaustivamente. Deben ser monitorizadas permanentemente. Deben estar sujetas al escrutinio de varias agencias con autoridad para exigir su cumplimiento o su adecuación según sea necesario.
Los procesos contaminantes que en un país desértico ocurren en cámara lenta, en Panamá requieren atención diaria y masiva. Y ese es el punto al que quiero llegar.
Nuestra cultura gubernamental, nuestro nivel técnico a lo largo y ancho de las muchas disciplinas involucradas, nuestro interés y capacidad para supervisar es muy débil e incipiente como para regir una actividad con tantas aristas como esta. Con débil me refiero a asignaciones presupuestarias, recursos físicos, cantidad de personal técnico, formación de dicho personal, respaldo institucional, y velocidad de implementación de medidas, o sanciones. En este tipo de operación y en nuestro entorno, todas las acciones y consecuencias están inmersas en el tiempo que se mueve rápido.
Una anécdota:
Hacia el final del 2007 me solicitaron varios servicios relacionados al control de calidad de soldaduras en una difunta mina de oro en el área de Coclé. El primer servicio fue la calificación de 15 soldadores, que la dirección del proyecto había contratado para construir diversos tanques y tuberías en sus instalaciones. De los 15 soldadores, solo 2 aprobaron la prueba de calificación. Esto, per sé, no me alarmó mucho dado que no era la primera vez que intentaba calificar a un grupo convocado para una obra, con resultados pobres. Pensé: “Seguro que cuando reciban los resultados convocarán a un segundo grupo”.
Primera sorpresa: Nunca convocaron otros soldadores.

La siguiente solicitud que recibí fue para ir a inspeccionar la soldadura de ocho tanques, de los cuales varios estaban destinados a contener cianuro para diversas etapas del proceso.
Segunda sorpresa: Los tanques fueron soldados por el grupo inicial de soldadores; incluyendo los 13 que no pasaron las pruebas de calificación.
Llevamos a cabo la inspección y, como era de esperarse, fue desastrosa.

De los 8 tanques inspeccionados, al que mejor le fue tuvo un 58% de soldaduras rechazadas; el peor: 91% de soldaduras rechazadas. En promedio, de 264 puntos de muestreo analizados, 213 soldaduras (81%) no cumplían con los criterios de aceptación del estándar aplicado (Estándar API 650). Al presentar los resultados, propusimos coordinar una visita para marcar sobre las soldaduras los defectos detectados de modo que pudiesen iniciar las tareas de reparación.

Tercera sorpresa: No nos llamaron más.
Al transcurrir el tiempo nos dimos cuenta que no había intención de marcar, ni ejecutar las reparaciones; ni mucho menos de llevar la calidad de los tanques al nivel requerido por los estándares internacionales. A través de soldadores conocidos que laboraban en la obra pudimos enterarnos que solo se hicieron reparaciones mínimas y no con el rigor de inspección y control detallado en las normas.
Nosotros, los inspectores que portamos credenciales de asociaciones profesionales internacionales, estamos sujetos a un código de ética al que tenemos que suscribirnos previo a recibir nuestra certificación. Este hecho combinado con situaciones como la arriba descrita, crea automáticamente un conflicto ético. El norte de nuestro trabajo (tal cual está plasmado en los documentos que rigen nuestra certificación) es la seguridad del público.
Ante dicha circunstancia, intenté hacer llegar un mensaje de alerta a funcionarios del gobierno de turno. No tuve respuesta positiva. Al cambio de gobierno (en 2009), intenté nuevamente hacer llegar una voz de alerta a funcionarios que pudiesen indagar y tratar asegurar que al menos esos controles de calidad se hubiesen dado.
Mi cuarta y mayor sorpresa fue que no hubo forma de que dichas alertas tuviesen acogida en los oídos de funcionarios, no solo de uno, sino de dos gobiernos distintos.
Analicé la situación desde muchos ángulos. Me hice muchas veces preguntas como:
¿Por qué los jefes de obra en la mina decidieron usar soldadores chambones para la construcción de sus tanques? Podría ser porque eran más baratos que los expertos, o que eran amigos, vecinos o parientes de los jefes de obra, o que eran los que estaban disponibles al momento.
¿Por qué, aún sabiendo que la soldadura estaba defectuosa decidieron no repararlas de acuerdo a código? Podría ser porque repararla iba a ser una operación costosa, o porque iba a causar atrasos, o porque no querían dar indicios de que algo andaba mal, así que mejor tapaban el error.
¿Por qué este tema no causa alergia en los funcionarios de turno de modo que los motive a actuar? Quizás porque el tema era demasiado específico para el nivel de detalle que manejan los funcionarios, o porque no querían entorpecer el desarrollo por instrucciones superiores, o porque no creían en la veracidad de la alerta.
Al final todas estas razones están condimentadas por un par de ingredientes comunes:
-El desconocimiento técnico en áreas específicas lleva a minimizar la percepción de las consecuencias adversas en el mundo físico.
-La débil institucionalidad lleva asumir que no habrá consecuencias en el mundo legal.
La combinación de ambas es una receta perversa para emprendimientos que requieren supervisión cercana y técnicamente solvente.
Si nuestro país quiere desarrollar actividades industriales, porque vemos en ellas el potencial de generar beneficios netos para la población, es necesario prepararnos en todos los aspectos relevantes.
-Necesitamos contar con instituciones que tengan autoridad y recursos, operadas por funcionarios de carrera, preparados, que puedan dar seguimiento a los temas bajo su competencia.
-Necesitamos técnicos con formación vocacional acorde a las demandas de la industria actual.
-Necesitamos transparencia, monitoreo y reporte en tiempo real, consultas y comunicación constante con la población y los gremios. Todos los interesados deben poder tener acceso a la información y canales para reportar o reclamar cuando las cosas se salen del carril. La transparencia y el reporte debe ser de tres vías: por la empresa, por la autoridad, y por entes independientes.
Además, la implementación de estas políticas de mejora, capacitación, fiscalización y reporte deben ser implementadas de modo que sobrevivan intactas los procesos de cambio de gobierno.
A mi juicio, y dado el supuesto que nos demos a esta tarea con seriedad, estamos al menos a una década de trabajo preparativo de ser capaces de asumir con responsabilidad una actividad como la minería metálica a cielo abierto. Añado, un punto que no he analizado en el curso de este documento es que existe un tamaño de operación que el país puede albergar. Esto también debe ser materia de estudio.
El mundo moderno requiere que mejoremos en todos estos aspectos. Ojalá que algunas de estas ideas despierten el interés colectivo por emprender este camino.

Muy interesante. Lo que pasa es que muchas instituciones que deben tener personas técnicas no los tienen. Todo se ha politizado.
Me pregunto quien hace la inspección de todas las soldaduras y otros materiales usados en la construcción de tantas edificaciones en Panamá?
Hoy día hay varias empresas ofreciendo el servicio. Los ingenieros diseñadores son los que indican los criterios de calidad a aplicar y los dueños de obras deben solicitar que esto se cumpla.